Cada septiembre se reparte el presupuesto y los municipios llegan al final de la fila

Con el arranque de septiembre comienza, año con año, el mismo ejercicio: definir cuánto dinero se recaudará y hacia dónde se destinará durante el siguiente ejercicio fiscal. La Ley obliga a los órganos de gobierno y a los legislativos a fijar metas claras sobre el origen y el destino del gasto público. Pero no todos entran a esta discusión en igualdad de condiciones.

El mecanismo funciona en cascada. Primero se define el presupuesto a nivel del Gobierno de México; después, cada gobierno estatal hace lo propio con lo que le corresponde. Hay áreas prioritarias que ya tienen asegurados los recursos para operar sin mayor trámite. El resto —incluidos los municipios— debe negociar con los legisladores para obtener una porción de lo que queda.

Esa posición al final de la fila tiene consecuencias visibles. Los municipios son, según se advierte, la instancia que enfrenta más problemas y la última en recibir recursos suficientes para su operación diaria. Ahí es donde la ciudadanía siente primero cualquier faltante: calles dañadas sin reparar, escasez de agua, apagones frecuentes, patrullas fuera de servicio y camiones de basura que dejan de circular.

Para que el presupuesto de un municipio realmente alcance a resolver estos pendientes, la negociación tendría que ocurrir con reglas más claras: que se conozca desde el inicio cuánto necesita cada municipio para sostener sus servicios básicos, y que esa cifra no dependa solo de lo que sobre después de atender a las áreas prioritarias. Sin ese orden, el ciclo se repite: septiembre llega, se reparte el dinero, y los municipios vuelven a negociar desde la última posición.

El proceso apenas comienza. La pregunta que queda abierta para este ciclo presupuestal es si, esta vez, los municipios lograrán entrar a la negociación con una cifra mínima garantizada antes de que el resto del presupuesto ya esté comprometido.