EL GOBIERNO DE JALISCO FRENTE A DOS CRISIS

Por: Emilio Martín Sánchez Parra

El Barista de la Política

Estimad@s lectores de Para Un Buen Café:

El gobierno de Jalisco, encabezado por Jesús Pablo Lemus Navarro, enfrenta dos graves crisis que exigen atención prioritaria: una relacionada con el suministro y la calidad del agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara; la otra, con la actuación de los cuerpos de seguridad durante las protestas ciudadanas para exigir agua limpia.

La primera crisis afecta a la segunda zona metropolitana más poblada del país. Por un lado, hay desabasto en diversos sectores; por el otro, existen serios cuestionamientos sobre la calidad del agua que llega a los hogares. Estudios académicos de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente han alertado sobre posibles riesgos sanitarios, entre ellos la detección de microalgas productoras de microcistinas y resultados que apuntan a deficiencias en la cloración y a la presencia de E. coli en algunas muestras.

Sin duda, este problema no comenzó con la administración de Pablo Lemus. Sus antecedentes se remontan a varias décadas atrás y reflejan deficiencias acumuladas en la planeación, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura hidráulica. Guadalajara y su zona metropolitana han crecido un 200 % respecto a la población que tenían cuando se realizó una importante modernización del sistema hídrico, en 1975. Dichos sistemas de abastecimiento no han evolucionado al mismo ritmo.

Estamos ante un problema que va más allá de una administración: la falta de planeación a largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno y permita anticipar las necesidades de una población en constante crecimiento. Mientras las decisiones públicas sigan subordinadas a los tiempos políticos, los problemas estructurales continuarán acumulándose. La falta de planeación a largo plazo no es exclusiva de Jalisco; es un problema nacional, y ejemplos hay muchos.

Por eso, resulta indispensable profesionalizar el servicio público, fortalecer la capacidad técnica de las instituciones y garantizar que las decisiones sobre infraestructura respondan a criterios de planeación, eficacia y continuidad, no a intereses sexenales.

Pero a esta crisis se sumó otra, igualmente delicada: la de seguridad pública y derechos humanos.

Los ciudadanos tienen pleno derecho a exigir agua suficiente y de calidad, independientemente de quién convoque a una protesta o de que en ella participen actores políticos. La legitimidad de una demanda ciudadana no desaparece por las diferencias partidistas de quienes la respaldan, mucho menos cuando está en juego la salud pública.

Sin embargo, durante la manifestación del 11 de octubre, la actuación policial fue objeto de severos cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas. El propio gobernador reconoció posteriormente graves deficiencias en el operativo y anunció investigaciones para determinar responsabilidades y sancionar los abusos. También se informó de la liberación de las personas detenidas.

Especial preocupación genera la participación de elementos del cuerpo de bomberos en el operativo. Una institución cuya vocación es proteger vidas y atender emergencias tiene funciones claramente definidas, que no están diseñadas ni deben estar diseñadas para intervenir en manifestaciones de esta naturaleza. Su participación en este operativo plantea interrogantes que merecen una explicación pública. ¿Quién dio la orden de su intervención?

Hay que reconocer que Pablo Lemus asumió públicamente la responsabilidad política, reconoció los errores del operativo y anunció medidas para investigar lo sucedido. Pero reconocer las fallas es apenas el primer pasó: la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados de las investigaciones, exigir sanciones cuando correspondan y obtener garantías de que estos hechos no se repetirán. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también anunció una investigación sobre los abusos denunciados.

Ahora bien, el gobernador enfrenta un desafío mayor: resolver el problema del agua con medidas inmediatas y soluciones estructurales.

En la modernización de la infraestructura hídrica no debe descartarse un esquema de colaboración público-privada, siempre que exista una evaluación adecuada. Estos esquemas deben analizarse sin prejuicios ideológicos, pero también sin concesiones a intereses particulares. Lo fundamental es garantizar agua segura, acceso equitativo, tarifas justas, una supervisión pública rigurosa y, sobre todo, una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Al final, las dos crisis convergen en una misma exigencia: un gobierno capaz de anticiparse a los problemas, responder con eficacia y respetar los derechos de sus ciudadanos. La confianza pública no se construye únicamente con declaraciones; se gana diariamente con resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Esta es mi aportación al debate. Pero ahora, acompañados de un buen café, hagamos lo más importante: formar nuestra propia opinión y compartirla en nuestros portales.

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Hasta el próximo lunes.