Pescadores y colectivos exigen transparencia por el conflicto en Bahía de Ohuira

En Lázaro Cárdenas y Paredones hay pescadores que llevan años esperando una respuesta. Pusieron denuncias por lo que consideran irregularidades en terrenos federales y de manglar en la Bahía de Ohuira, y hasta hoy no saben en qué quedaron. Esa espera fue uno de los motivos que llevó a decenas de organizaciones a sacar un pronunciamiento conjunto el 27 de octubre.

La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, junto con colectivos ambientalistas, académicos y asociaciones civiles, exige gobernanza democrática, transparencia y rendición de cuentas sobre lo que pasa en esta bahía, reconocida como sitio Ramsar por su valor ecológico. ¿Qué pasó con las carpetas que abrieron esos pescadores ante la entonces PGR? Piden que se informe el estado de los expedientes 973/2018 y 771/2023.

También hay una denuncia de 2023 por la presunta ocupación de terrenos federales para instalar una planta de amoniaco sin la concesión que se requiere. Las inspecciones de Profepa sobre ese caso están paradas por un amparo que promovió la empresa GPO, y las organizaciones firmantes dicen que a ellas ni siquiera las dejaron entrar a ese juicio.

• Carpetas de investigación: 973/2018 y 771/2023
• Denuncia popular: expediente PFPA/31.3/2C.28.2/00095-23
• Amparo de la empresa GPO: 592/2024 VII

El documento también pone el acento en las comunidades Yoreme-Mayo: su derecho al territorio, al agua y a que se les consulte antes de cualquier proyecto, como marca el Acuerdo de Escazú para quienes defienden el ambiente. Y hay una advertencia directa sobre las mesas de diálogo que ya se instalaron en la región: si no se publican los acuerdos ni se mide si se cumplen, corren el riesgo de volverse solo un espacio para administrar el enojo de la gente, sin resolver nada de fondo.

Lo que piden ahora es concreto: que el Ayuntamiento de Ahome y el Gobierno del Estado arranquen ya el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, con la ciudadanía metida en el proceso desde el principio, y que se respeten las reglas de alta vulnerabilidad que ya existen para esta bahía dentro del ordenamiento marino del Golfo de California. Habrá que ver si el gobierno estatal y municipal responden a este llamado, y en qué plazo.